Mediación - Acuerdo Justo

El consejo de Gobierno del Principado aprobó ayer el proyecto de ley de Mediación Familiar, que regulará la figura del mediador de conflictos parentales entre cónyuges (matrimonios o parejas de hecho) y entre padres e hijos (naturales, adoptados o tutelares) menores de edad o incapacitados judicialmente. Esta ley, que para que entre definitivamente en vigor tendrá que ser aprobada en el nuevo período de sesiones por el Parlamento asturiano, busca «reducir el número de litigios entre familiares», según explicó ayer la consejera de Vivienda y Bienestar Social (competente en esta materia), Laura González (IU). La ley crea una nueva profesión, la del mediador familiar, que recibirá una formación específica para desempeñar su tarea. El Principado pretende uniformar las condiciones de acceso a esta profesión y, además, creará un registro de mediadores familiares y establecerá un cauce para la abstención y la recusación de los mediadores y los derechos y deberes que le corresponden. La mediación familiar, según adelanto ayer la Consejera, será gratuita para aquellas personas que tengan justicia gratuita. Bienestar Social creará una unidad administrativa de mediación familiar dentro de la estructura de la Consejería y pondrá en marcha un programa de promoción de la ley, que tiene como objetivo reducir la judicialización de los conflictos parentales. Laura González aseguró que la reducción de la litigiosidad «beneficia al ciudadano y también a la administración de justicia por el ahorro de costes y la aligeración de los asuntos en los Juzgados que supone». Asturias será la sexta comunidad autónoma que ponga en marcha esta ley, que da respuesta a las recomendaciones del Consejo de Ministros europeo, que en 1986 exhortó a los Estados miembros a poner en marcha este modelo para promover la resolución amistosa de conflictos. La propia Comisión Europea, en 1998, dio a los países las directrices para detallar cómo deberían de ser desarrolladas estas leyes. La Consejería asume funciones de promoción de la mediación, de gestión del citado registro de mediadores, y la calificación de la formación de los profesionales. Además, asumirá los costes de las mediaciones gratuitas y tutelará el régimen sancionador, como medio para garantizar el carácter obligatorio de las disposiciones reguladoras de la mediación. Además, proporcionará la seguridad jurídica necesaria para los mediadores y usuarios. Entre las conflictos susceptibles de someterse a mediación, además de las disputas familiares, está la obligación de proporcionarse alimentos entre parientes.