sábado, junio 10, 2006
0032 Argentina - San Juan
Hace falta en nuestro país continuar creciendo en la implementación de la resolución pacífica de conflictos hasta llegar a hacer de ella una política de Estado.
PAULA BERTOL
El 5 de mayo pasado se promulgó la Ley 26.094 de prórroga a la obligatoriedad Ley de Mediación y Conciliación. Se trata de un proyecto presentado en marzo, tratado en el recinto en tiempo récord, y ya es ley gracias al trabajo en comisión y el apoyo de diversos sectores políticos.La mediación es un instrumento social que ayuda a las partes a equilibrar posiciones, especialmente en aquellos conflictos en los cuales una de ellas goza de una posición dominante sobre la otra y, por lo tanto, la obligatoriedad de este método alternativo de solución de controversias colabora en acercar a las partes que detentan diferente poder.La obligatoriedad ha ayudado a acercarlas y a proteger en cierta forma a las partes más débiles. En este sentido el mediador es un tercero neutral, que ayuda a negociar; no impone, no es un juez y es una persona capacitada para esa tarea. Es por ello que la obligatoriedad ha sido un requisito que ha colaborado a la cultura de la paz.Las estadísticas nos demuestran con claridad que el tiempo que insume el desarrollo de una mediación es escaso frente al de un juicio y que este método es una herramienta efectiva dados los resultados altamente positivos que ha obtenido desde su inicio, hace diez años.Quiero señalar también que la mediación pre-judicial es solo una parte de muchos otros tipos de mediación, que complementan y enriquecen este instituto. No debemos olvidar, bajo ningún concepto y, a modo de ejemplo, que la mediación familiar, comunitaria y escolar son, como dijera la Lic. Gabriela Rodríguez Querejazu "verdaderas contribuciones a la paz social.No solo descomprimen el trabajo de la Justicia sino que contribuye a generar desde sus bases una nueva cultura de la convivencia basada en el diálogo, el respeto y el reconocimiento del otro. "A nivel nacional, el monitoreo realizado desde que se implementó el programa del Ministerio de Justicia da cuenta de que el 80% de las mediaciones no vuelven a los tribunales, es decir, a la instancia litigiosa. El 20% restante, aunque no finaliza en acuerdos, consigue que la convivencia de quienes tienen el conflicto no sea violenta en términos de agresión física o verbal. Del mismo modo, estamos convencidos de que aún no hemos logrado una política de Estado que implemente el sistema de mediación. Para contar con ella hace falta un cambio cultural, que sin duda requiere tiempo. En este caso en particular necesitamos tiempo para cambiar la cultura de la confrontación y del conflicto por la cultura de la cooperación y de la colaboración. Reiteramos entonces que, la obligatoriedad de la mediación antes de un juicio civil o comercial previa a la instancia judicial, todavía sigue siendo un elemento fundamental que colabora a la pacificación de la sociedad.(*) Diputada nacional del PRO.

